Autor Territorio
Colima, Col.- Por años, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha buscado consolidarse como una institución imparcial, profesional y confiable. En un país como México, donde la historia electoral ha estado marcada por fraudes, simulaciones y desconfianza, la credibilidad del INE no es un lujo, sino una necesidad vital para la democracia.
Sin embargo, esa credibilidad se ve severamente comprometida cuando uno de sus funcionarios, cuya labor exige neutralidad absoluta por contar con información privilegiada y, actúa abiertamente como actor político y opinador parcial en la esfera pública. Ese es el caso de Édgar Rodríguez Hernández, coordinador de Comunicación Social de la Junta Local Ejecutiva del INE en Colima.
Rodríguez Hernández mantiene desde hace tiempo una columna de opinión titulada “Al Desnudo”, que publica en distintos medios de comunicación del estado. En ella, opina sobre temas de política partidista, emite juicios sobre actores públicos —a quienes ataca o defiende según sus filias o fobias personales— y, más preocupante aún, se lanza contra medios de comunicación.
El más reciente ejemplo de este comportamiento ocurrió cuando, en un intento por blindar al senador y dirigente del Partido del Trabajo en Colima, Joel Padilla Peña, el columnista-funcionario utilizó su espacio para intentar desacreditar a la Revista Territorio, la cual había publicado una crítica sobre el petista. Aunque no mencionó el nombre de este medio, la alusión fue evidente.
Este comportamiento configura un claro conflicto de interés y una grave violación al principio de imparcialidad que debe regir la actuación de todo funcionario electoral. No se trata de un tema menor ni de una simple opinión vertida en tiempo libre: se trata de una participación activa y constante en la arena política desde una posición de poder dentro del órgano encargado de organizar elecciones y garantizar la equidad en la contienda.
Que el responsable de la estrategia de comunicación del INE en Colima tenga una columna en la que expresa preferencias, simpatías y fobias políticas, atenta directamente contra la imagen de neutralidad del instituto por contar con información privilegiada.
Además, al atacar a medios, como en este caso lo hizo con la Revista Territorio, Rodríguez Hernández no solo se coloca del lado de ciertos actores políticos, sino que contribuye a la hostilidad contra el periodismo, lo cual es particularmente preocupante en un país donde ejercer la libertad de expresión puede ser riesgoso.
Este caso ilustra un fenómeno frecuente en las instituciones públicas: la confusión entre lo institucional y lo personal, entre el servicio público y la agenda privada.
Es legítimo que cualquier ciudadano tenga opiniones políticas, pero cuando se ocupa un cargo en una institución que debe actuar con absoluta neutralidad, es deber ético y profesional abstenerse de manifestarlas públicamente de manera sistemática y militante.
El INE no puede mirar hacia otro lado ante esta situación. La Junta Local Ejecutiva en Colima, y eventualmente la Junta General Ejecutiva a nivel nacional, que dirigen Ana Margarita Torres Arreola y Guadalupe Taddei Zavala, deberían revisar con seriedad la permanencia de Édgar Rodríguez, en el cargo. No por censura, sino por coherencia institucional y no verse como cómplices de este mañoso sujeto que actúa como si fuera un mercenario escondido en la institución.
La libertad de expresión es un derecho, sí, pero también lo es el derecho de la ciudadanía a tener árbitros imparciales en la contienda democrática. Y los funcionarios del INE deben ser, por definición, árbitros, no jugadores.
Es paradójico que, mientras el INE libra una batalla constante contra la desinformación, el desprestigio y los intentos de censura política, permita que uno de sus voceros locales actúe como un operador de opinión política disfrazado de comunicador institucional.
En Colima, este doble papel de Rodríguez Hernández, mancha la imagen del instituto y le resta autoridad moral para exigir a los actores políticos y a los medios respeto a la legalidad electoral.
Si el INE quiere preservar su legitimidad, debe hacer lo que exige a los demás: rendición de cuentas y coherencia entre discurso y práctica. No puede haber lugar para los dobles roles cuando lo que está en juego es la democracia misma que la pone en riesgo un simple trabajador al parecer protegido.
