El sector azucarero mexicano deberá atender los cambios legislativos en materia laboral y social que demanda la entrada en vigor del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, así como las medidas de salud derivadas de la pandemia del Covid-19.
Así se analizó durante un encuentro en el que el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y representantes de la cadena agroindustrial avanzaron en el proceso de construcción de la agenda cañera de innovación intersectorial 2020-2023.
El IICA, con el apoyo de la Red de Gestión de la Innovación para el Sector Agroalimentario (Red INNOVAGRO), organizó con representantes del sector público, privado e instituciones académicas de Veracruz, una mesa de trabajo colaborativo enfocada en aspectos jurídicos, sociales y laborales en el sector agropecuario, para cimentar las bases en la formulación de la agenda cañera.
En la cita se establecieron diálogos e interacciones sustantivas sobre políticas fiscales y benchmarking contra otros países, regulaciones y etiquetado. En lo social se abordaron temas de salud por las implicaciones del Covid-19 y sus efectos para la gestión de recursos humanos en la cadena de valor.
A nivel laboral se tocó lo vinculado al trabajo infantil, empleo de migrantes y movilidad laboral, regulaciones derivadas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), riesgos laborales y su atención preventiva.
“El sector cañero debe construir una agenda y una estrategia común que contemple prevenir riesgos sanitaros y cumplir con las leyes laborales para lograr la comercialización del azúcar mexicana en Estados Unidos con los compromisos de la seguridad social de los cañeros y cosechadores”, dijo Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, al presentar las implicaciones del T-MEC para la agroindustria de la caña en lo relativo con asuntos y riesgos laborales.
Agregó que México desde el 2020 está en una lista donde se señala que el sector cañero echa mano al trabajo infantil o forzoso, situación que debe cambiar.
“El mapa de riesgo laboral contempla la libertad sindical, trabajo forzoso, infantil, salarios mínimos, horas de trabajo, seguridad y salud, discriminación y violencia, para evitar que se detenga un producto al punto de entrada a Estados Unidos, que haya sanciones arancelarias, multas, embargos o daño reputacional”, explicó Roel.
Por tal razón se torna vital que en la agenda sectorial se ubique el cumplimiento de las leyes para asegurar que las exportaciones estén protegidas con documentación y certificación de sistemas de cumplimiento social y sanitarias.
En el evento el director del programa Campos de la Esperanza de World Vision, Óscar Castillo, ahondó en lo vinculado al trabajo infantil y forzado, donde dejó claro que es clave combatir la pobreza en campos cañeros con planes integrales para evitar esta situación.
“Se deben incluir sistemas de protección de la niñez para garantizar que estén bien y en ambientes seguros”, acotó Castillo, quien también se refirió a lo asociado con el empleo de migrantes.
El plan de trabajo del IICA y la Red INNOVAGRO contempla 4 mesas de trabajo en los estados de San Luis Potosí, Oaxaca y Veracruz sobre sustentabilidad, productividad, desarrollo tecnológico e innovación; aspectos regulatorios sociales y laborales; mercado y cadena de valor; así como de validación de agendas cañeras.
La siguiente mesa de trabajo se desarrollará el próximo 14 de septiembre en San Luis, y será sobre mercado y cadena de valor.
. El sector azucarero mexicano deberá atender los cambios legislativos en materia laboral y social que demanda la entrada en vigor del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, así como las medidas de salud derivadas de la pandemia del Covid-19.
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