El gobierno es el único dueño de la concesión de la Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz, según el expediente 5183-07 del 6 de agosto del 2008, emitido por el notario 198, Enrique Almanza, por lo que la amenaza de eliminar dicha concesión por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador sería contra su propia administración.
Según el acta constitutiva de la API, Banobras tiene solo una acción en circulación, mientras que el resto, es decir, 841 mil 974 acciones pertenecen al gobierno federal.
“El control total de la sociedad es del gobierno federal”, aseveró Bernardo Melo, miembro titular del Comité Marítimo Internacional.
El experto en derecho marítimo señaló que el presidente podría eliminar la concesión otorgada a la paraestatal, sin embargo, tendría que otorgarle a otra sociedad la concesión de la API.
“Si él (presidente) quiere quitar la concesión a la API Veracruz tendría que dársela a una empresa, a otra sociedad mercantil mexicana, se la puede quitar a la API Veracruz, pero se la tendría que dar a alguien más en los términos de las leyes mexicanas”, señaló Melo en entrevista.
Según cifras de la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, en 2019 el puerto de Veracruz se posicionó como el quinto más importante en el país en movimiento de carga realizada, con más de 28 millones de toneladas.
Una fuente, que participó en el diseño de la API Veracruz en 1993, señaló a El Financiero que desde su origen dicha administración se diseñó para que el gobierno federal fuera el único concesionario.
“La ley estableció desde entonces que la única concesionaria sería el gobierno, porque, aunque es una empresa mercantil, porque genera sus propios recursos, es una paraestatal. No hay socios particulares o privados, solo es el gobierno federal”, detalló la fuente.
La fuente –que también fungió como funcionario de Veracruz– detalló que la APIVER tiene la facultad para ceder parcialmente derechos a las empresas para que estas operen un área determinada a cambio de una contraprestación. Sin embargo, es el gobierno quien autoriza y fija precios, así como los montos de cesión de derechos parciales.
