La gobernadora Indira Vizcaíno Silva, junto con el director general de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov), Vladimir Parra Barragán, y el consejero jurídico, Roberto Rubio Torres, anunciaron que han iniciado juicios o demandas para buscar la nulidad del contrato de prestación de servicios de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, con una empresa privada colombiana.
«Queremos frenar en primera instancia cobros abusivos y echar abajo ese contrato, que representa un daño para el patrimonio de las y los colimenses, un daño que tiene ya bastantes años dándose, pero no podemos permitir que eso siga sucediendo y voltear la cara hacia otro lado», señaló la mandataria estatal.
La titular del Poder Ejecutivo estatal dijo que el año pasado se le pagó una cuarta parte de ingresos de Ciapacov a esta empresa cuyas condiciones contractuales son abusivas y están llenas de irregularidades, así que la gobernadora se dijo confiada de que al igual que en el caso del Libramiento Colima, los tribunales les darán la razón. «No estamos en contra de alianzas con privados para el bien de las mayorías, pero jamás aceptaremos acuerdos ilegales que dañan el patrimonio de las y los colimenses».
Parra Barragán explicó que se hizo una ampliación injustificable del contrato para que en lugar de finalizar en 2026 termine en 2041 y se han hecho 6 convenios modificatorios, prácticamente todos en detrimento del estado. Dijo que el pago a la empresa que opera la PTAR, sino lo hace Ciapacov, es cobrado de las participaciones federales al estado, ya que no hicieron adecuadamente el proceso para que tuvieran como garantía las participaciones hasta 2041, buscaron que se pagara todo lo adeudado antes de 2026.
Añadió que el año pasado se pagaron cerca de 128 millones, que representa una cuarta parte del presupuesto de la Comisión; «no se buscaron las mejores condiciones para Ciapacov (…) es un contrato leonino, lesivo para Ciapacov”, subrayó Vladimir.
ACCIONES JURÍDICAS
El consejero jurídico de la administración estatal, Roberto Rubio, dio a conocer que el 9 de marzo de 2023 se presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) un juicio contra TICSA y Ecosistema de Colima S.A. de C.V. para dejar sin efecto el cambio planteado unilateralmente para el aumento de las amortizaciones y otros cobros excesivos. Asimismo, el pago o devolución de cobros excesivos por no haber aplicado un descuento de 180 mil pesos mensuales, que correspondía de acuerdo al contrato, destacando que se logró la suspensión, mientras dure el juicio.
También indicó que se interpuso otra demanda ante el TJA que busca dejar sin efecto el contrato signado en 2006 y los seis convenios modificatorios, la nulidad del Contrato de Crédito en Cuenta Corriente Contingente e Irrevocable con afectación a participaciones federales, añadiendo que también desde el año pasado se interpuso una denuncia por posibles actos de corrupción en contra de quien resulte responsable.
Roberto Rubio informó que el 28 de septiembre de 2022, Ciapacov -a través de su Órgano Interno de Control- presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de la empresa y quien resulte responsable, por diversas acciones que pueden constituir un delito, entre ellas, la negativa de entregar información sobre temas relacionados con el cumplimiento del contrato.
