Deciden no Meter a la Cárcel al Comisionado de Inmigración por muerte de 40 Migrantes en Juárez

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El Comisionado General del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, libró la posibilidad de ir a la cárcel y además podrá seguir en el cargo mientras se define su situación jurídica por la muerte de 40 personas en situación de movilidad ocurrida el pasado 27 de marzo, tras un incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Fuentes judiciales explicaron que la libertad del titular de Migración nunca estuvo en riesgo, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó una medida cautelar privativa de la libertad.

En la audiencia inicial celebrada este martes, Garduño fue imputado por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de incumplir con su deber, en cualquier forma que “propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos” del Instituto Nacional de Migración”.

La FGR ya había señalado que Francisco Garduño sería imputado por incurrir en presuntas conductas delictivas que propiciaron la muerte de 40 migrantes en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que se configura una presunta violación al artículo 214, fracción VI del Código Penal Federal.

De acuerdo con la norma invocada, incurre  en el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad descrita, cualquier funcionario que “teniendo obligación por razones de su empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma, propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado”.

Por lo anterior, fue imputado por omisión y por incumplir con sus obligaciones de “vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo”, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes, es decir, la muerte de 40 de ellos y lesiones a 28 más.

Las penas previstas en el Código Penal Federal para este delito van 2 a 7 años de prisión y no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que era decisión de la Fiscalía solicitar una medida cautelar privativa de la libertad, pero de forma justificada.