El ex gobernador Mario Anguino Moreno, acusado de desvío de 515 millones 174 mil 928 pesos, pudiera ser declarado “inocente” como consecuencia de un pésimo trabajo en la integración de los expedientes, por parte de diputados y responsables en la pasada legislatura.
Lo anterior, fue señalado por el diputado Cesar Farías, del PT, actual presidente de la Comisión de Responsabilidades del Congreso local, Carlos César Farías Ramos, quien aclaró que este caso ya no compete a la actual legislatura.
De acuerdo a “proceso”
El 27 de septiembre de 2018, tres días antes del final del periodo de la pasada legislatura, el Congreso aprobó la inhabilitación al ex mandatario para ocupar cargos públicos por un periodo de 14 años y lo sancionó con la devolución de 515 millones 174 mil 928 pesos por haber distraído recursos públicos de los fines a los que estaban destinados.
También fueron sancionados Rafael Gutiérrez Villalobos, secretario general de Gobierno en la administración de Anguiano, y Blanca Isabel Ávalos Fernández, ex secretaria de Finanzas, a quienes se les inhabilitó por cinco y cuatro años, respectivamente, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público municipal y estatal.
Sin embargo, en días recientes el juez segundo de Distrito con sede en esta ciudad concedió un amparo a Gutiérrez Villalobos y a Ávalos Fernández, por lo que no se les aplicarán las sanciones administrativas y la inhabilitación.
Está pendiente la resolución de juicios interpuestos por Mario Anguiano y otros de sus colaboradores.
Según el diputado petista Carlos César Farías, la sentencia del Juzgado de Distrito “es el resultado del análisis del Poder Judicial de la Federación sobre el expediente que condenaba a ambos servidores públicos y al ex gobernador Mario Anguiano Moreno”, e indicó que él ya había denunciado la mala integración de ese expediente.
“Era previsible que así sucediera —sostuvo—, es un trabajo deficiente, no tengo conocimiento de las razones, pero no es responsabilidad de la actual Legislatura.
Eso debe quedar bien claro, porque era de interés público que hubiera castigo a quienes provocaron un desfalco al erario estatal”.
Añadió: “He analizado estas resoluciones y encuentro que están hechas de una manera incongruente; no hay congruencia entre sus resultados y sus análisis, por lo que de acuerdo a mi criterio es muy probable que por ese mal trabajo esos asuntos regresarán a la Legislatura y vamos a toparnos con que serán beneficiados los presuntos implicados”.
Otra posibilidad, dijo, es que la anterior legislatura haya actuado con “revanchismo político” en contra del ex gobernador y sus colaboradores. “Sin sacarle vueltas, hay dos conclusiones: un trabajo malhecho o una farsa desde un principio”.
Farías Ramos indicó que hasta el momento el juzgado no ha notificado al Congreso su resolución sobre el amparo concedido al ex secretario general de Gobierno y la ex secretaria de Finanzas
