La Barra mexicana de abogados y el IICA llevaron a cabo un seminario para fortalecer las capacidades del sector judicial en temas de biotecnología y bioseguridad.
México, 28 de agosto, 2016 (IICA).- La biotecnología es una caja de herramientas que ofrece una oportunidad a la ciencia para mejorar la productividad y competitividad del sector agrícola, pero debe estar acompañada de instituciones e instrumentos jurídicos (leyes, normas, reglamentos) que le permitan alcanzar sus objetivos, coincidieron en señalar expertos de México, Brasil y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
La Barra Mexicana del Colegio de Abogados, organizó el Seminario sobre biotecnología agrícola y bioseguridad en la que especialistas hablaron sobre la biotecnología y la bioseguridad y sobre la cada vez más grande necesidad de incorporar a las ciencias judiciales, sociales y de comunicación en esos temas.
La Representante del IICA en México, Gloria Abraham mencionó que se requiere de un marco regulatorio eficaz en el tema de biodiversidad ya que esta favorece el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Destacó que el IICA cuenta con las directrices de los ministros de agricultura de las Américas para trabajar en el tema y para ello ofrece acompañamiento institucional, capacitación para dar elementos de juicio al sector judicial y a legislativo, así como una comunicación eficiente para conocer lo que se discute con públicos diferenciados.
Pedro Rocha, Especialista internacional en biotecnología y bioseguridad, señaló que la biotecnología ha permitido incrementar la productividad de ciertos cultivos, particularmente mediante la utilización de cultivos Genéticamente Modificados (GM), los cuales se han desarrollado gracias al conocimiento científico y a la presencia de marcos regulatorios que garantizan la seguridad de esos productos sobre la salud humana, animal y el ambiente.
Mencionó que el tema de la biotecnología moderna y bioseguridad han pasado del ámbito científico técnico, al político, y en algunos países al judicial y de ahí la importancia de generar una verdadera articulación entre los científicos y los representantes del poder judicial para que sus decisiones sean tomadas con base en argumentos científicos.
En ese sentido Gutemberg de Souza, analista de ciencia y tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, compartió la experiencia de su país en el ámbito legal que definió en dos momentos la historia del desarrollo de la biotecnología: el periodo 1998 al 2005, en el cual fue implementada una moratoria a los cultivos GM, y un segundo periodo posterior a 2005 en el cual una nueva ley simplificó y aclaró el marco regulatorio con lo que inició un nuevo desarrollo de la tecnología y del sector agrícola que lo llevó a ser el segundo productor mundial de este tipo de cultivos.
En la actualidad, Brasil cuenta con cultivos GM comerciales de maíz, algodón, soya, eucalipto, frijol (próximo a liberación) y de otros productos como vacunas veterinarias, microorganismos de uso industrial, mosquitos para control de dengue y vacunas de uso humano.
Por su parte Sol Ortiz, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), describió el sistema de bioseguridad de los OGM en México y destacó la importancia de ese órgano como coordinador interinstitucional para el tratamiento del tema en el país.
Explicó que el objetivo de la ley de bioseguridad de los OGM en México busca regular las actividades para prevenir, evitar o reducir posibles riesgos a la salud humana, medio ambiente y la biodiversidad, además de que existen diversos instrumentos (reglamentos, decretos, reglas, normas) para tal fin.
En México, dijo, el tema de los cultivos GM ha sido objeto de fuertes debates, que han trascendido el ámbito tecnológico y que han llegado al ámbito político y judicial, como son los casos de las autorizaciones para la siembra de maíz y de soya.
Para todos los especialistas es urgente fortalecer la comunicación en torno al tema para que los tomadores de decisiones puedan actuar con base en el conocimiento científico disponible y validado, sin dejarse afectar por mitos o datos sesgados.
