La presidenta del Congreso del Estado, la diputada Ma. Remedios Olivera Orozco recibió por parte del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa TJA, Andrés Gerardo García Noriega, una iniciativa para actualizar de manera integral la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios, en donde entre otras cosas, se prevé, dar certeza jurídica, a los actos promovidos por los ciudadanos a través de los medios electrónicos.
En la sala de juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, acompañada por la directora de Procesos Legislativos, Dalia Guadalupe Salazar Zamora y el Oficial Mayor del Congreso del Estado, Eligio Aldama Morales, la también presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales manifestó que se da inicio al proceso legislativo para hacer el análisis correspondiente, por lo que pidió la disposición del trabajo en equipo para nutrir la propuesta presentada.
El Magistrado Presidente del TJA, Andrés Gerardo García Noriega, quien estuvo acompañado por el Magistrado Juan Manuel Figueroa López, mencionó que la propuesta es renovar la Ley del Procedimiento Administrativo del estado de Colima vigente, en la cual se basan las reglas comunes que aplican la administración estatal y los municipios, es decir, todos aquellos trámites que hace la ciudadanía para solicitar algún servicio.
En su explicación, precisó que la renovación de tal ordenamiento contempla dar certeza jurídica a todos los trámites que hacen los
particulares a través de la vía electrónica, “el sistema administrativo tradicional se desarrolla a través de formatos impresos, es la usanza tradicional, ahora también tenemos que modernizarnos”.
Destacó que debido al complicado contexto que se vive por la pandemia, obliga a que la tramitología administrativa se haga de manera intensiva por los medios electrónicos, “esta ley busca, precisamente, dar cobertura legal a toda esa tramitología electrónica”.
Indicó que, en general, el espíritu de la iniciativa es seguir dando respaldo jurídico a la interacción entre particulares y administración pública, “lo que busca esta ley actualizada es darle mucha certeza y certidumbre a esa interacción, en donde también se contemplan las visitas de inspección cuando la autoridad verifica si el particular cumple con sus obligaciones; el régimen de sanciones administrativas, la negativa y afirmativa ficta; los recursos impugnativos como medios de defensa que tiene los particulares para cuestionar un acto de autoridad de cual no estén de acuerdo”.
