A Nazario Garibay Godínez la historia le suena familiar, pero ocurrió en su negocio de autolavado El Güero, en Manzanillo, Colima. “Entraron sin orden de cateo cinco elementos de la Marina y cuatro de la Policía Estatal a las 22:49 [horas] del 11 de noviembre de 2017, privando de la libertad a mi sobrino Édgar Ruiz Garibay y a un empleado. Como una hora los mantuvieron incomunicados. Después los liberaron, pero siguió el hostigamiento y la persecución”, cuenta.
Su sobrino Édgar presentó una queja y mostró los vídeos del circuito cerrado ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. En las imágenes en poder de EL UNIVERSAL se observa la entrada de los efectivos de la Secretaría de Marina (Semar). Al percatarse de las cámaras, los efectivos cubren sus rostros y luego salen con los detenidos. Por estar involucrado personal de la Semar, el caso fue enviado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Antes de que pudiera acudir al organismo, “el 28 de noviembre de 2017regresan los mismos elementos de la Marina, acompañados por el agente del Ministerio Público y la Policía Estatal. Un total de 60 entraron arrancando las cámaras del negocio y el grabador de video”, recuerda Garibay.
Golpearon a sus familiares y a menores de edad. Se robaron todo a su alcance. Dijeron que les iban a plantar evidencias; preguntaron por él, pero no se encontraba. Entonces, enfatiza, detuvieron a su esposa y sobrino, a quienes reclamaron por denunciarlos: “Ahora sí te vas a hacer famoso, cabrón”. Los amenazaron de muerte y los trasladaron al Ministerio Público de Manzanillo, acusados de narcomenudeo, secuestro, entre otros.
La fabricación de ilícitos en México es una constante por parte de autoridades del ámbito local y federal, aseveran especialistas en el tema. Su fin es lograr mecanismos de extorsión, justificar el combate a la delincuencia y crear chivos expiatorios, por órdenes de altos mandos o cuenta propia. Aparte, el robo y hurto de pertenencias de las víctimas es común.
En el caso de Nazario Garibay, durante los tres días de detención en el MP asegura que obligaron a su esposa a desnudarse en varias ocasiones y la amenazaron de muerte, al igual que a su sobrino Édgar Ruiz.
Al no comprobar los delitos que se les fincaron, los acusaron de tener bolsas con estupefacientes en los vehículos de Garibay, de Ruiz y del negocio. El plazo de detención se venció y los trasladaron a la entonces Procuraduría General de la República. Ahí una juez federal los entrevistó y dejó en libertad en 10 minutos el 30 de noviembre. No había pruebas contra ellos, pero el MP exigió 150 mil pesos para liberar sus vehículos y negocio asegurados. Tras el pago, el autolavado volvió a dar servicio.
No obstante, la historia se saldó con trágicas consecuencias. El 20 de diciembre de 2017, mientras Garibay Godínez se encontraba en la CNDH, irrumpieron en El Güero dos sujetos vestidos de civil, con cabello corto y armas con silenciadores. Frente a sus familiares, niños incluidos, asesinaron a Ruiz y a su cuñado Óscar Montes Espíritu. Garibay Godínez huyó de Colima.
Al respecto, la Unidad de Comunicación Social de la Semar indicó a esta casa editorial que la CNDH determinó que “no se cuenta con elementos para acreditar conductas posiblemente constitutivas de violaciones a los derechos humanos” por parte de la dependencia.
Resaltó, asimismo, que “no se cuenta con testimonios de lo ocurrido en el autolavado El Güero, ya que la gente ha manifestado no tener interés en proporcionarlos, así como en la diligencia de campo llevada a cabo por personal de la CNDH, las personas indicaron no saber qué ocurrió en dicho lugar”.
Sin embargo, agregó que “se encuentra en la mayor disposición de atender cualquier asunto o detalle que a juicio del señor Nazario Garibay Godínez considere pertinente”.
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