El Dr. Víctor Torres López, reconocido abogado en materia familiar, señaló que en México, el juicio de estado de interdicción se presenta cuando una persona, debido a una discapacidad mental, no puede ejercer por sí misma sus derechos civiles, como la administración de bienes o la toma de decisiones legales importantes.
Torres López, abundó que este proceso judicial tiene como objetivo declarar a la persona incapaz, designando a un tutor o curador que asuma la protección y administración de sus derechos y bienes.
Recientemente, diversos abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que los procedimientos de interdicción deben garantizar el respeto a la dignidad y autonomía de las personas, conforme a los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por México. En este sentido, se busca evitar que la interdicción se utilice de manera inapropiada, promoviendo mecanismos que fortalezcan la toma de decisiones apoyada en la persona y no la exclusión total de sus derechos.
Víctor Torres, enfatizó que los tribunales deben examinar cuidadosamente cada caso, asegurándose de que el proceso sea lo más respetuoso y personalizado posible, brindando a la persona la oportunidad de participar activamente, en la medida de sus capacidades, en el proceso judicial. Este enfoque respeta tanto los derechos humanos como las necesidades particulares de cada individuo.
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Dr. Víctor Torres López