Ha quedado claro que los ataques en medios nacionales contra funcionarios de API ha sido parte de una estrategia que buscaba desacreditar la entrega de la cesión de derechos que esta dependencia hizo a Logistica de Fluidos y Graneles, en agosto 2018, cuando el director era Ovidio Noval Nicolau, afectando con ello los intereses de la empresa Porter FG México, quien disputaba la misma licitación.
La empresa Porter FG México perdió el recurso de revisión con el que buscó echar abajo el contrato por la cesión parcial de derechos que firmó la Administración Portuaria Integral de Manzanillo (APIMAN) con la Logística de Fluidos y Graneles (LFG), para la construcción y operación de una terminal de uso particular en la Laguna de Cuyutlán, informó este miércoles El Universal.
En este conflicto, que derivó en la investigación sobre supuesta red de corrupción en el Puerto de Manzanillo como lo publicó EL UNIVERSAL el pasado 7 de noviembre de 2018, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito de Colima desechó el recurso de revisión promovido por Porter FG, donde reclamaba el acuerdo celebrado entre APIMAN y LFG.
Con el sobre seguimiento del proceso 604/2019, con fecha del 4 de septiembre del 2020, la autoridad descartó que la cesión se haya basado en actos inconstitucionales. El caso fue resuelto, según información a la que tuvo acceso El Gran Diario de México, “por unanimidad de votos”, por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado, Martín Ángel Rubio Padilla, presidente; Joel Fernando Tinajero Jiménez y José David Cisneros Alcaraz.
Dicho recurso de revisión fue presentado el 24 de junio de 2019 por Porter FG, luego de que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, también desestimó el juicio directo de amparo 396/2018, en el que de igual forma se reclamaba la asignación del contrato APIMAN01-035/18.
En octubre de 2017, Porter FG había interpuesto el juicio de amparo directo 1399/2017 para alegar que cumplía con los requerimientos para quedarse con la cesión parcial de derechos en APIMAN, mismo que fue sobreseído el 14 de febrero del 2019 por el Juez Primero de Distrito de la entidad.
El caso había provocado el inicio de averiguaciones en la Secretaría de la Función Pública; en donde el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinó en febrero de 2019, que se acordó archivar el expediente 2018/SCT/DE400 por falta de elementos “que permitan establecer la presunción de existencia de actos u omisiones susceptibles de responsabilidad administrativa a cargo de algún servidor público adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.
El documento de la Función Pública agrega que “se carece de los elementos de prueba que permitan establecer la presunción de existencia de actos y omisiones susceptibles de responsabilidad administrativa a cargo de algún servidor público involucrado”.
datos consultados:https://colima.quadratin.com.mx/nacional/descartan-corrupcion-en-cesion-de-derechos-en-puerto-de-manzanillo/
Api aseguró el 5 de Noviembre del 2018, que la entrega de la concesión a Lógistcia de Fluidos y Graneles, había sido legal y emitió el comunicado siguiente:
Manzanillo, Col. a 05 de noviembre de 2018. En atención a la columna de Darío Celis, publicada el día de hoy en el periódico Excelsior, esta entidad señala lo siguiente:
El 28 de febrero de 2018, mediante escrito LFG-001/18, Logística de Fluidos y Gráneles, S.A. de C.V. en lo sucesivo LFG, solicitó a la APIMAN la celebración de un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones para la instalación, construcción y operación de una Terminal Portuaria Especializada en el Manejo de Fluidos de cualquier tipo, granel agrícola, fertilizantes y carbón, en el Vaso II Laguna de Cuyutlán, adjuntando a la misma la totalidad de los requisitos enunciados en el Art. 17 del Reglamento de la Ley de Puertos.
Una vez analizados los requisitos, esta entidad tuvo la necesidad de cerciorarse que LFG efectivamente contaba con la colindancia a la concesión de la APIMAN en el Vaso II Laguna de Cuyutlán, por lo que solicitó a la Comisión Nacional del Agua, Delegación Colima, se pronunciara en este sentido. En respuesta a lo anterior, la Comisión Nacional del Agua, confirmó que LFG contaba con una concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre y la misma es adyacente a la APIMAN.
De lo anterior se desprende la certidumbre que la Entidad tiene, respecto la colindancia de los terrenos de LFG con la Zona Federal Marítimo Terrestre, por lo que su solicitud de contrato de cesión parcial de derechos mediante adjudicación directa se ajustó a lo enunciado en el último párrafo del artículo 24 de la Ley de Puertos, que a la letra dice:
“La concesiones sobre bienes del dominio público de la Federación para construir, operar y explotar marinas artificiales o terminales de uso particular, se podrán adjudicar directamente por la Secretaría a los propietarios de los terrenos que colinden con la zona federal marítimo terrestre de que se trate, conforme al procedimiento que señale el reglamento respectivo”.
Efectivamente, se presentó al Consejo de Administración el 6 de abril del presente el Acuerdo donde se toma conocimiento de que el Director General de la APIMAN iniciaría las gestiones necesarias para celebrar un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones sujeto a que dicha solicitante cumpliera con los requisitos que marca la Ley de Puertos y su reglamento. Posteriormente, una vez confirmado que el solicitante (LFG) reunía los requisitos plasmados en la Ley de Puertos, se inició el proceso de firma y de registro ante la autoridad Portuaria, la Dirección General de Puertos, con fecha 22 de agosto del 2018.
Cabe destacar que, esta API tiene el compromiso de atender todas y cada una de las solicitudes de las empresas que acrediten la colindancia con la concesión del Vaso II de la Laguna de Cuyutlán.
En todo momento, éste ha sido un proceso que se encuentra apegado a la Ley de Puertos y su reglamento, y esta entidad ha cumplido con informar a su Consejo de Administración del mismo. De igual manera, se han contestado todas y cada una de las solicitudes que la Comisaria de la Secretaria de la Función Pública y el Contralor en la entidad han hecho al respecto de este contrato.
