• Más de 121 Millones de pesos el Presunto daño a la Hacienda del Ayuntamiento de Cuauhtémoc.
• Pese a 2 denuncias no hay actuación de las autoridades, posible proteccionismo político
Por Carlos Avalos
Luego de que el Lic. Agustín Díaz Torrejón destapara la cloaca de presuntos hechos de corrupción de parte de la ex alcaldesa de Cuauhtémoc y hoy candidata a diputada Federal Plurinominal por el segundo Distrito (De paso sea dicho, ni conoce y ni vive ahí) Indira Vizcaíno Silva, a quien se le ha comprobado documentadamente, una afectación a la Hacienda pública del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima, por más de 121 millones de pesos; dimos seguimiento a detalles importantes que usted debe saber en torno a este escabroso tema.
Contradiciendo los valores que ostenta la coalición de los partidos PES, PT Y MORENA que representa: No Robar, No mentir, No traicionar, La actual candidata, entonces alcaldesa, realizó un presunto Fraude según los datos obtenidos, y que detallamos en los siguientes actos: Siendo Presidenta municipal, celebró un convenio con el señor Francisco Brun González como representante General de INVERCOL, junto con el Síndico Juan Manuel Preciado Barbosa y la secretaria Ana Bertha Zamora Prieto, para intercambiar los terrenos conocidos como Altozano por otros cercanos a la cabecera municipal en mención.
Todo hubiera sido una situación muy normal si no hubiera vendido a un precio demasiado bajo, con un peritaje que cae en sospecha de falta de ética, profesionalismo y confiablidad. El diputado local –Hoy nuevamente candidato por el Distrito XI- Alejandro García Rivera, puso en la tribuna del Congreso del Estado un punto de acuerdo para que se investigara y sancionara a Indira Vizcaíno por corrupción, al entregar 70 mil metros cuadrados a valor de $140 pesos el metro, cuando el costo real era de aproximadamente $1,900 pesos, en un acto de permuta ilegal, esto es, el asunto de los terrenos en líneas arriba mencionados.
El Fraude presuntamente señalado por la subvaloración de los predios intercambiados, que podría hacer llegar las cifras a más de 121 millones de pesos, se extiende al solicitar al Ayuntamiento de Cuauhtémoc detalles sobre el tema, y comprobar que no existen registros de que los 3 predios hayan sido incorporados al municipio ni escrituras que amparen la propiedad de los mismos.
La hoy candidata plurinominal del PES a la diputación federal del Distrito II, que enarbola la bandera de la honestidad, quedó y está al descubierto que no lo es tanto, pues un extraño proteccionismo que fue capaz de mover la bancada del PRI para votar en contra el punto de acuerdo presentado por Alejandro García para juzgarle por corrupción, y que el OSAFIG (Órgano Superior de auditoría y Fiscalización Gubernamental) investigara el fraude, votando casi todos los priístas en contra, menos uno: Octavio Tintos.
Este proceso fraudulento tiene fechas y procedimientos, los cuales narro a continuación: El ayuntamiento le solicita al OSAFIG una opinión, la cual OSAFIG la emite el 7 de marzo 2013, recibiéndola el Ayuntamiento el día 8 de marzo del 2013. Indira convoca a las 10:09 a sesión de cabildo que celebra con prisa el día 8 de marzo y se lleva a cabo a las 12:00 del día para efectuar la desincorporación de los terrenos del ayuntamiento de Cuauhtémoc para permutárselos por otro terreno de mucho menor valor; apenas una hora después de haber recibido recomendaciones de la OSAFIG.
Desincorpora así el municipio los terrenos de altozano en el punto número 7 de la sesión que ni siquiera estaban enlistados cual lo requiere el protocolo legal, lo cuál es gravísimo; pues insertaron un tema a votar, que incluso fue por unanimidad, del cual se puede presumir que la mayoría desconocía de que se trataba el asunto.
Otro tema grave, según nos dice la parte acusadora representada por el Lic. Agustín Díaz Torrejón en entrevista Exclusiva para Hermes Revista Digital, es el hecho que se presenta un peritaje del valuador ingeniero José Luis Aguirre Avalos, con valores menores a los reales, estimando un precio de 154.67 pesos el metro, cuando el valor comercial real en 2013 en esa zona era de $1900 pesos, peritaje cual, no estaba vigente tampoco. Este es uno de los puntos de desconocimiento en su momento de los regidores que votaron, y que de haberlo hecho con conocimiento de causa entonces existe complicidad en un procedimiento mal realizado.
La diferencia resultante es de $1,745.33 pesos por metro, por lo que presumiblemente el daño a la hacienda del Ayuntamiento de Cuauhtémoc oscilaría en los 121 millones 202 mil 190 pesos. Cabe recalcar, que el Artículo 128 del código penal señala esta acción como un delito de funciones indebidas como servidor público, por lo cual penalmente –según la sanción que explica la ley- debería ser inhabilitada por 8 años, pero permanece sin sanción, a pesar que todo el procedimiento fue observado por la OSAFIG.
El 6 de noviembre del 2018, Ciudadanos de Cuauhtémoc representados por Rafael Romero Verduzco, presentaron denuncia ante el tribunal de lo contencioso administrativo expediente 695/17 sobre el tema, mientras que el 27 de febrero de 2018, Rafael Mendoza, presidente municipal de Cuauhtémoc en ejercicio, presentó la denuncia ante la procuraduría general de justicia del estado expediente 159/2018 para que realizara la investigación pertinente, toda vez que tenía en sus manos un expediente del asunto incompleto y cercenado con información falseada que se presentó al cabildo, y que dé seguimiento a la investigación que el Congreso Estatal ordenó para deslindar responsabilidades.
Lo cierto es, que ninguna de las denuncias han iniciado algún trabajo de investigación, y la presunta infractora de este doloso fraude no ha sido citada, ni notificada, ni cosa alguna. Se corren los rumores tras los corrillos y bambalinas del PRI estatal, que a Indira Vizcaíno Silva presuntamente la mano que le mece la cuna es la de Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien tiene intereses muy personales con la susodicha en mención, y confirman de paso que, “extrañamente” el informe de resultados de la auditoría cuenta pública ha desaparecido del OSAFIG.
Rafael Mendoza como alcalde Panista, se negó a publicar a solicitud de Indira en el periódico oficial la autorización para iniciar el convenio con Altozano, oposición fundamentada tras detectar las irregularidades, por lo que la empresa en mención emprendió una demanda por incumplimiento del convenio, dejando en claro que la oposición del Alcalde Blanquiazul estaba fuera de lugar, que debía iniciar un juicio de Lesividad para resarcir el daño, pero mientras tanto se debiera cumplir todo el protocolo adscrito. Pero algo raro pasó, que se detuvieron los procedimientos y quedaron a punto del abandono. Tras estas situaciones surgen las incógnitas ¿El Agravio a la Hacienda del Ayuntamiento de Cuauhtémoc terminó en un acuerdo en lo oscurito?… ¿Cuántos involucrados más existen?… ¿Hay complicidad de otros órdenes de gobierno?…
Las investigaciones nos indican que el propio juzgado donde se encuentran los alegatos, se rechazó la petición de llevar como terceros perjudicados en el juicio a Indira y a todos los involucrados, decisión que es adversa incluso para los mismos, pues en el caso de que hubiera una sentencia donde se revocará la resolución les afectaría directamente, ya que en el ejercicio de sus funciones tienen una ilegalidad y una responsabilidad administrativa que los podrían llevar no solo a multas, sino incluso a la inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero fue desechada esta petición por el tribunal de lo contencioso administrativo.
Este esbozo del escabroso “Asunto de Altozano”, es tan solo un ejercicio periodístico que comprueba en una compilación de hechos e información documentada que INDIRA VIZCAÍNO incurrió en el delito de EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES, al haber sido servidora pública de elección popular y que omitió a los demás ex ediles información sobre el contenido de las observaciones que la OSAFIG le hizo, debiendo reunirlos e informarles antes de autorizar el Contrato de Substitución de las Áreas de Cesión del PPU Altozano, pues era una documentación que se encontraba a su perfecto alcance por razón del cargo de Alcaldesa y que no les dijo que deberían elaborar un dictamen valuador actualizado y dejó que subsistiera el expedido el año anterior, generando pues un detrimento en el patrimonio municipal.
La consecuencia que debiera afrontar por los “Cochupos administrativos”, en el caso de que la ley se aplique en contra de la ex alcaldesa penalmente, dicta que podría ser inhabilitada hasta por OCHO AÑOS en el servicio público y resarcir los CIENTO VEINTIUN MILLONES, DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS 37/100 M. N., al Ayuntamiento de Cuauhtémoc, pero al parecer, la dirigencia del Partido Encuentro Social, aún enterada de toda esta situación, pareciera que le da a Indira un premio a la corrupción, colocándola en una posición plurinominal, para generarle el fuero correspondiente y que evada la ley por más tiempo.
Quedan sobreentendidas entonces otras situaciones políticas ocurridos: tanto porqué ayudó al PRI hace 3 años en la campaña, y cómo llegó al puesto de la Secretaría de Desarrollo Social, y bajo la protección de quién se le diluyeron los ataques en el Congreso del Estado, pues fue respaldada la fracción del PRI a una perredista que fuera expulsada de su mismo Partido.
Vizcaíno Silva pretende con su candidatura el fuero federal para lograr un objetivo: evitar pisar la cárcel, pues está tipificada claramente la sanción: Al servidor público que incurra en lo dispuesto por el artículo 128 fracción VI del Código Penal para el Estado de Colima vigente en 2013, se le impondrá la Pena de 3 a 8 de prisión y multa de hasta por 200 unidades e inhabilitación de 3 a 8 años para desempeñar otra función pública.
Un grupo de ciudadanos en sus venidas a Colima se lo habían hecho saber a AMLO de la peligrosa corrupción, y de la cual pretende acabar el líder de Morena, pero las comprobaciones están al alcance de su mano: Ya mintió, ya robó, ya traicionó al pueblo de Cuauhtémoc, ¿Y aún así la respalda Andrés Manuel López Obrador?… ¿y así se atreven a decir que no son iguales?…
En el tinglado de la corrupción están por responder ante la ley Indira Vizcaíno y todo lo que huela a Altozano, lo escrito aquí está sustentado con documentación fehaciente, esperamos que la ley actúe y se aplique, la ciudadanía quiere un cambio real en la política. Se presume que ese dinero faltante está distribuido entre los dueños de altozano, en la casa con la familia, con los amigos de confianza de Indira y/o repartido con sus colaboradores del presunto acto del daño a la hacienda pública y por consecuencia el daño al pueblo de Cuauhtémoc. El pueblo tiene la última palabra, es cuánto.
