Por considerar que no hay una justificación jurídica y con el objetivo de ir contra actos de corrupción, el presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, Diputado Carlos César Farías Ramos renunció a la partida de 29 mil 493 pesos que cada mes se le dota por encabezar tal comisión; es decir que retornará a las arcas de la LIX Legislatura el recurso económico generado desde el 15 de julio pasado.
El legislador ante representantes de medios de comunicación, indicó que de manera personal y como abogado hizo el estudio correspondiente de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y aseguró que tales recursos no se justifican para la comisión que preside, pues ésta, cuenta con una Secretaría Técnica y otras áreas para el cumplimiento de sus funciones, lo que la diferencian de las demás comisiones legislativas, mismas que sí requieren de la contratación de especialistas para desarrollar sus funciones.
Mencionó que pedirá al cuerpo jurídico del Poder Legislativo un estudio pormenorizado para determinar en lo futuro a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, no se le destine esa partida económica, “y además pediré formalmente a la titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) que se pronuncie al respecto”.
Reiteró que no hay justificación legal para recibir ese recurso, “hago una renuncia a ese dinero, no se debe recibir este recurso, las funciones de la Comisión de Gobierno Interno son diferentes a las demás comisiones. Del 15 de julio de 2020 hacia acá, van 3 meses que se dispersa esta cantidad y se reintegrará a las arcas del Congreso, no vamos a tocar un peso si no se encuentra justificado”.
Carlos Farías, aseguró que se hará una investigación al interior del Congreso del Estado a través de la Controlaría Interna y determinar la legalidad de la dispersión de ese recurso en los meses anteriores cuando él aún no fungía como presidente de la referida, “lo correcto sería regresar el recurso, espero que se aplique la ley en contra de quien hizo esa práctica indebida, pues la entrega de ese recurso violenta la ilegalidad”, sentenció.
