Luego de haber decomisado 6 mototaxista en el municipio de Cuauhtémoc, Colima en un operativo realizado este miércoles y, ante la postura del alcalde, con licencia, de ese municipio, Rafael Mendoza, quien intentó evitar el decomiso, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Movilidad (Semov) emitieron un comunicado al respecto.
En el documento reprueban la postura que asumió el alcalde con licencia de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez y, la Policía Municipal a su cargo, durante el operativo que realizaron las autoridades estatales para retirar de la circulación las mototaxis que de manera irregular ofrecen servicio de transporte en el Estado.
Señalan que la actitud del edil con licencia y de los elementos de seguridad municipales, pusieron en riesgo a los ciudadanos que circulan por las calles y el libramiento de ese municipio, así como al personal de ambas corporaciones y trabajadores de Movilidad, ya que Mendoza Godínez ordenó bloquear las salidas y encabezó la persecución de una las grúas en la que trasladaban las mototaxis aseguradas, intentando en más de una ocasión cruzarse en el camino de las patrullas que ofrecían seguridad perimetral en el operativo, lo que pudo haber ocasionado un incidente vial.
«Es pertinente aclarar que los elementos de la Policía Estatal participan en el operativo en coordinación con la Semov, para brindar seguridad perimetral al personal de movilidad y evitar una confrontación entre las partes, por lo que la SSP rechaza que los elementos estatales hayan cortado cartucho como Mendoza lo afirma en las redes sociales», precisó la secretaría de movilidad.
La Secretaría de Seguridad Pública también rechazó haber enviado más de 100 elementos al operativo, por lo que en ningún momento se descuidaron los patrullajes de prevención y vigilancia, ni los despliegues operativos en otras zonas del estado.
De acuerdo con la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, las motos adaptadas no pueden ofrecer el servicio de transporte público en la entidad, debido a que no cuentan con las medidas de seguridad necesarias para los usuarios, ni con respaldo legal que permita sus servicios.
