El vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Colima, Francisco Javier Almazán Torres, acompañado del secretario de Seguridad Pública, Héctor Alfredo Castillo Báez, presentó en conferencia de prensa los avances significativos en las investigaciones de los homicidios del doctor Iván Jacinto Cortés, el diputado local Roberto Chapula de la Mora y la titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) Martha Esther Rodríguez Cerna.
Almazán Torres expuso que como se informó el 13 de enero, se logró la vinculación a proceso de Salvador “N” y Nelson Joel “N”, por secuestro exprés agravado en perjuicio del doctor Iván Jacinto Cortés, quien fue encontrado sin vida en Minatitlán. Los dos presuntos responsables fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) en coordinación con corporaciones estatales y federales el 9 de enero. Tras la vinculación a proceso, se ordenó prisión preventiva oficiosa y se otorgaron 3 meses para la investigación.
En el caso de la titular de la UECS, explicó que gracias al operativo conjunto entre FGE, la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad Pública de Colima (SSP) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Kevin Humberto “N”, por su probable participación el homicidio de la funcionaria.
Gracias a trabajos de inteligencia, investigación análisis de videos y otros elementos, se recabaron datos para imputarle al detenido su participación en el homicidio. El 20 de enero en la audiencia, la autoridad jurisdiccional consideró los elementos de prueba suficientes para vincularlo a proceso y ordenar la prisión preventiva oficiosa; dando 5 meses de plazo para que la FGE realice la investigación complementaria.
El 24 de enero, un juez determinó la vinculación a proceso de Daniel “N”, por su probable responsabilidad en los homicidios del diputado local Roberto Chapula y una persona más, ocurridos en mayo de 2022. Ordenó prisión preventiva oficiosa y determinó dos meses para la investigación complementaria; “con estos casos se demuestra la convicción de la FGE y todas las instituciones en la Mesa de Coordinación Estatal para recuperar la paz y evitar que los crímenes en el estado queden en la impunidad”, señaló.
En actualización de las cifras de las últimas tres semanas: del 6 al 12 de enero se detuvieron 89 personas (79 del ámbito estatal y 10 del ámbito federal); hubo 20 homicidios dolosos y se realizaron 8 cateos.
Del 13 al 19 de enero, hubo 78 detenciones (71 del ámbito estatal y 7 del federal), 14 homicidios y seis cateos (por autoridades estatales); mientras que 20 al 26 de enero fueron 83 detenciones (81 del ámbito estatal y 2 del federal), doce homicidios dolosos y siete cateos, todos por autoridad estatal.
ACCIONES RELEVANTES DE LA SSP
El secretario de Seguridad Pública, Héctor Alfredo Castillo Báez, presentó las acciones relevantes del 6 y al 26 de enero, e informó que, en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, se detuvo en flagrancia a catorce personas, a quienes les aseguraron droga, armas, celulares, dinero en efectivo, básculas, entre otros objetos.
En Tecomán, en hechos por separado, se localizó un tambo de plástico, con una tapadera y sello metálico, que contenía bolsas de plástico con hierba verde y seca (características de marihuana); 200 bolsitas de plástico transparentes con la misma hierba y dos básculas (una digital y una gramera); por otro lado, localizaron cuatro tambos de color azul, conteniendo cada uno de ellos 200 litros de hidrocarburo.
Sobre acciones del Sistema Estatal Penitenciario, informó que en revisiones a los Centros de Reinserción Social (Cereso) y se aseguraron 6 teléfonos celulares, 63 armas hechizas punzo-cortantes, 66 envoltorios con hierba verde y 99 con polvo blanco y granulado, 7 objetos prohibidos (cargadores de teléfono celular, cables, chips, audífonos, jeringas, entre otros), entre otros.
El jueves 19 de enero se realizó una revisión al interior del Cereso Colima, para buscar objetos o sustancias prohibidas, y evitar que se ponga en riesgo a la población y personal del centro penitenciario, sin vulnerar los derechos humanos, a sus pertenencias, a la seguridad y a la gobernabilidad del mismo. En esta revisión se contó con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Estatal (PEP), Guardia Nacional, FGE, Seguridad y Custodia, Semar, y Comisión Estatal De Derechos Humanos.
