Tener un desfalco de 2 mil 291.5 millones de pesos y una deuda pública de 2 mil 223 millones parece no ser suficiente para el Gobierno del Estado, pues también se “embolsó” el dinero pagado por beneficiarios de un programa social.
Entre julio y agosto del 2014 el Ejecutivo de Colima, a través de la Secretaría de Desarrollo Social que encabeza Rigoberto Salazar Velasco, ofreció paquetes de láminas de asbesto a bajo costo en toda la entidad, con el compromiso de entregar el material en septiembre del mismo año, pero no ocurrió.
De acuerdo con el testimonio de algunas de las víctimas, el Gobierno del Estado se ha justificado señalando que el material por el que pagaron no les ha sido entregado debido a que, presuntamente, una ex funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social habría hurtado el dinero, refiriéndose a quien se desempeñaba como directora de la dependencia, Eloísa Chavarrías Barajas, actual diputada federal electa del PAN.
Incluso, dijeron, el Ejecutivo sugirió a los afectados presentar una demanda contra la ex empleada del Gobierno y mantener contacto con la Secretaría de Desarrollo Social a través del número telefónico (312) 316-2000 extensión 2484, por si se resolvía el presunto fraude cometido.
AVANZADA contactó a la dependencia vía teléfono y una empleada, de la que se omite el nombre, constató lo expuesto por las víctimas del programa de láminas de asbesto.
“No nos han dado ninguna indicación de parte de los secretarios, aún sigue el proceso. Aquí es a donde nos están hablando (por teléfono) las demás personas (estafadas), antes aquí era la oficina del área del material, ahora el programa ya está cerrado porque están trabajando para cumplirles. En cuanto nos den una indicación a todas las personas se les va a llamar por teléfono para ver cuál es el procedimiento”, comentó la trabajadora del Gobierno.
“Hay personas que han hablado, que tienen como un año o más (esperando las láminas); la indicación que nosotros tenemos es que se les va a solucionar antes de que termine esta Administración, de hecho ha habido varios ajustes que ha estado haciendo el Gobierno, para precisamente cubrir todos esos pendientes”, agregó.
Se estima que sólo en la Capital colimense unas 200 personas, que pagaron en promedio 4 mil pesos en efectivo cada una, resultaron estafadas con el programa social de láminas de asbesto, lo que representa unos 800 mil pesos; aunque esta situación se registró en los 10 Municipios de la entidad.
Para aclarar el presunto fraude, AVANZADA buscó durante dos días a Eloísa Chavarrías Barajas, la ex directora de Desarrollo Social, pero se negó a dar la entrevista; lo mismo ocurrió con Rigoberto Salazar Velasco, secretario de Desarrollo Social, quien a través del área de Comunicación Social argumentó no poder otorgar una entrevista porque tiene agenda llena.
El 31 de julio pasado el Gobernador de Colima, el priista Mario Anguiano Moreno, reconoció que su Administración enfrenta, además de una deuda pública de 2 mil 223 millones, un desfalco de 2 mil 291.5 millones que impide cubrir gastos en servicios personales y educación. Incluso acusó a su ex secretario de Finanzas y Administración, Clemente Mendoza Martínez, de haber desviado 600 millones de fondos federales.
Para estabilizar la crisis financiera, el Mandatario anunció recorte en gastos, reducción de salario a funcionarios y el despido de mil 50 trabajadores.
Durante el sexenio de Anguiano Moreno el Ejecutivo colimense ha sido exhibido por realizar gastos desmedidos, en 2012 se hizo público que erogó 3 millones de pesos en alcohol y una cantidad igual en birria, en 2013 usó 1.2 millones para productos de belleza y en julio del 2015 se dio a conocer que pagó 584 mil pesos por la renta ficticia de un inmueble a una amante del Gobernador.