Ciudad de Mexico.-La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la decisión de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) que determinó la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.
La decisión de la Corte confirma el papel clave del Poder Judicial como un ente independiente capaz de garantizar los derechos humanos», afirmó Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, y consideró que «la resolución envía un poderoso mensaje contra la militarización de la política de seguridad».
Jarab sostuvo que el despliegue de las Fuerzas Armadas de la última década en la lucha contra el crimen no ha traído seguridad. «En cambio, las personas en México han sufrido violaciones a sus derechos humanos y abusos por parte de actores estatales y no estatales, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas», apuntó.
La ONU-DH señaló que los miembros del máximo tribunal consideraron que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina castrense, y que la Ley infringía las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, entre otros puntos.
La decisión de la Corte debería brindar el ímpetu necesario para que las autoridades civiles sean adecuadamente entrenadas y fortalecidas, tanto para asumir plenamente sus obligaciones en materia de seguridad pública como para cumplirlas en coherencia con las normas nacionales e internacionales de derechos humanos», dijo Jarab.
Tomando en consideración que la SCJN dictaminó que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no debe ser permanente, la ONU-DH señaló que el Estado debería adoptar un plan que garantice su retiro gradual, ordenado y verificable de las funciones que no les son propias.
Hasta que este retiro sea completo, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe estar bajo el mando de las autoridades civiles y ser llevada a cabo en todo momento con pleno respeto de los derechos humanos, garantizando medidas de rendición de cuentas efectivas e independientes», puntualizó Jarab.
La Suprema Corte se pronunció el jueves por invalidar la Ley de Seguridad Interior, que formaliza la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El ordenamiento fue promulgado por el presidente Enrique Peña Nieto a finales del pasado diciembre en medio de una gran controversia social dado que organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y familiares de víctimas de la delincuencia se pronunciaron en contra de la norma.
Diversos organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos celebraron la invalidación de la Ley, aunque señalaron que este logro queda opacado por el plan de seguridad del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá la Presidencia el 1 de diciembre.
El plan de López Obrador, anunciado el miércoles, prevé la creación de una Guardia Nacional formada por agentes de las policías militar, naval y federal, a cargo de las Fuerzas Armadas.
Para las organizaciones civiles, esto es una continuación con lo referido en la Ley de Seguridad Interior al legitimar la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, en las que participan desde el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
Para la directora de las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, es «preocupante» que el presidente electo haya presentado una propuesta que «repite esencialmente el modelo de seguridad militarizada fallido» y que ha permitido la comisión de «graves violaciones de derechos humanos».
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