La Secretaría de Movilidad, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, inició un procedimiento administrativo para la revocación de 44 concesiones otorgadas para la operación del servicio de transporte público individual, es decir taxis, una vez que se presentaron elementos irregulares de acuerdo a lo establecido en la Ley y su Reglamento.
“Es la primera vez que una administración estatal en Colima comienza un proceso administrativo para la revocación de concesiones”, puntualizó la secretaria de Movilidad, Gisela Méndez.
Acompañada por el titular de la Consejería Jurídica, Andrés Gerardo García Noriega, y el director general de Gobierno, Ramón Pérez Gutiérrez, Gisela Méndez señaló que con esta acción el Gobierno del Estado de Colima reitera su compromiso con la transparencia y el respeto a las leyes y reglamentos que rigen las acciones de gobierno.
Luego de dar a conocer que dichas concesiones fueron otorgadas durante el gobierno de Mario Anguiano Moreno, a través de acuerdos unilaterales en diferentes fechas durante 2015, la funcionaria explicó que todos los movimientos que se llevaron a cabo para la expedición de placas de servicio público de esas concesiones se realizaron en los últimos días del mes de octubre, coincidiendo con la culminación de esa administración estatal.
En ese sentido, Gisela Méndez mencionó que durante el gobierno interino, encabezado por Ramón Pérez Díaz, el entonces secretario de Movilidad, Jesús Ríos Aguilar, detectó movimientos vehiculares irregulares en el alta y baja de vehículos del servicio público, por lo que ordenó una auditoría a la Contraloría General del Estado durante la primera semana de noviembre.
Precisó que con el resultado de dicha auditoría, se identificaron 44 concesiones que fueron dadas de alta y de baja en el mismo día, algunas se hicieron utilizando el mismo vehículo, mismas que están inactivas desde la primera semana de enero, de acuerdo a los expedientes que se encuentran en los archivos de la Secretaría de Movilidad.
Indicó que se identificaron diversas causales que de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley de Transporte y de la Seguridad Vial y su Reglamento, dan suficientes elementos para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, en busca de la revocación de las concesiones mencionadas.
Por lo anterior, reiteró que la Secretaría de Movilidad busca revocar 44 concesiones, de las cuales 35 se dieron a cinco empresas, de las cuales en dos su objeto social no es la prestación de servicio de transporte, y nueve se entregaron a personas físicas.
Gisela Méndez agregó que el destino de las concesiones fueron los municipios de Manzanillo, Tecomán y Colima-Villa de Álvarez.
Antes de concluir, ponderó que el gobernador José Ignacio Peralta responde así a una demanda sensible y urgente por parte de los trabajadores del volante, que durante años han demandado el otorgamiento y vigilancia de las concesiones conforme a la Ley.
En su intervención, el titular de la Consejería Jurídica, Andrés Gerardo García Noriega, a pregunta expresa, precisó que por aplicar en estos casos la Ley de Protección de Datos Personales, no se pueden dar a conocer los nombres de las personas a las que les fueron otorgadas esas concesiones.
“No podemos prejuzgar de manera anticipada, tomar un juicio anticipado respecto al uso que se hizo de parte de estos titulares de las concesiones”.
Agregó que se tiene que desahogar un procedimiento conforme a la Ley de Transporte y la Vialidad y su Reglamento, “y esa es la razón por la que si se dan a conocer los nombres de las personas involucradas, se iría contra de la Ley de Protección de Datos Personales y puede dañar el propio curso del procedimiento”.
